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ArtículosTodas27/12/2017

¿El interés superior del / de la menor? Ámbito institucional y jurídico

En el mes pasado se celebró en las dependencias del Ilustre Colegio Provincial de Abogados de Alicante, la jornada monográfica sobre “¿El interés superior del / de la menor? Ámbito institucional y jurídico” organizada por la Agrupación de Mujeres Abogadas junto a la Asociación de Mujeres Abogadas (THEMIS).

En la jornada participaron grandes profesionales y expertos en la materia que nos ilustraron sobre la protección de dicho interés visto desde diferentes perspectivas y ámbitos, oportunidad que desde LEX DIXIT no pudimos dejar pasar para poder enriquecer nuestros conocimientos y asesorar posteriormente a nuestros clientes de la mejor forma posible.

Estamos en un momento en el cual tendemos a llegar a ese concepto pacífico del interés supremo del menor, argumentaba la presentadora del curso, Emilia Caballero Álvarez (Abogada y Socia de la Asociación de Mujeres Juristas THEMIS), porque como bien sabemos es un concepto indeterminado y no es fácil de aplicar, generando en la mayoría de las veces, una serie de dudas que en ocasiones no son fáciles de resolver.

La jornada comenzó por la respuesta institucional ante la infancia, donde se ha pretendido explicar por los ponentes el funcionamiento de los diferentes centros de protección e inserción de menores con los que cuenta la Dirección Territorial de Alicante, siendo el interés supremo del menor un reto tanto para las instituciones como para la sociedad. “La sociedad tiene que batallar por estos temas para que no se vuelvan invisibles”, argumentaba Enrique Martínez Piera (Jefe de la Sección de Protección e Inserción de Menores en la Dirección Territorial de Alicante de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas.

En vista de ello, los problemas de las personas vulnerables requieren un proceso especial y son difíciles de resolver. Un menor con trastornos de la conducta como consecuencia de un trauma de la infancia requiere un cuidado personal para poder darle unas respuestas delicadas.

Sin embargo, actualmente a pesar de todos los avances, existe una gran carencia de recursos, tanto materiales como personales, para poder dar respuesta a toda la demanda. En muchas ocasiones no se adoptan medidas de urgencia porque no hay recursos suficientes para ello, prestándose la ayuda de una forma genérica.

Es menester observar que las administraciones públicas están obligadas a compensar todas las dificultades y desigualdades que nuestro sistema presenta, quedando pendiente a día de hoy, varios retos por cumplir, que a modo de ejemplo fueron anunciados por los expertos: el deber de mejorar la coordinación entre las instituciones, la formación y especialización de profesionales, aumentar los recursos humanos y materiales, elaborar protocolos estructurales y estándares unificados de intervención… y  sobre todo, poner en conocimiento de los menores con problemas la existencia de dichos centros que la mayoría de ellos desconocen.

Por su parte, desde la perspectiva jurídica, los temas en los que más hicieron hincapié los ponentes fueron: el interés supremo de los menores en la aplicación del régimen de la custodia compartida así como la importancia de dicho interés en el ámbito de la violencia de género.

A la vista de la última interpretación que efectuó nuestro Tribunal Supremo del art. 92 del CC en relación con la custodia compartida, se estableció que dicho régimen no tiene porqué considerarse excepcional, sino que al contrario, se tiene que considerar como algo normal y lógico que los hijos se tengan que relacionar con ambos progenitores.

A pesar de ello, dicha regla no es tan fácil de adoptar ya que tenemos que tener en cuenta diferentes factores a la hora de aplicarla como son: la edad, la capacidad de cada progenitor, el trabajo de cada uno y de allí la conciliación de la vida laboral y familiar, la disponibilidad, ambiente familiar… siendo cada situación diferente que precisa de su correspondiente estudio.

Es interesante notar que la jurisprudencia en este sentido resulta bastante discrepante, ya que en la práctica los juzgados entran a valorar de forma diferente supuestos que son iguales, en palabras de María Durán Febrer (Abogada y Vicepresidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis) “lo que puede pasar es que un tribunal dicte 5 diferentes resoluciones sobre 5 niños, pero lo que no puede ser es que 5 tribunales distintos dicten diferentes resoluciones sobre un mismo caso”.

Por otro lado, la inquietud que se presenta en relación con los menores en los supuestos de violencia de género es de radical importancia. En Alicante, en el presente año hasta el comienzo de noviembre tenemos más de 3.500 denuncias y ante supuestos de violencia de género debemos siempre tener en consideración que probablemente hay más de una víctima si hay hijos en la familia.

En este contexto, Jorge Rabasa Dolado (Fiscal Jefe de la Audiencia Provincial de Alicante), critica duramente la facultad de la denunciante de no declarar posteriormente, que en la mayoría de las ocasiones es por miedo, pero argumenta que en estos casos nos quedamos con la duda de ¿qué hacemos con los niños en tal supuesto?  Siendo así que una modificación del art. 416 de la LECrim en estos casos sería más que razonable.

En ese mismo orden de ideas, desde la perspectiva de la psicología clínica forense, Laura Fátima Asensi Pérez y Miguel Diez Jorro, nos han ilustrado con varios ejemplos de cómo es un hogar donde hay violencia de género en pablaras de los menores, destacando entre otros:

  • Niño 8 años: “vi como mi padre le clavaba unas tijeras en la pierna a mi madre, estaba todo lleno de sangre”.
  • Niña 12 años: “Tengo miedo de él y de su mirada”.

¿Hay derecho al régimen de visitas o custodia compartida en estos casos? se preguntan estos especialistas.

En los juzgados es muy complicado probar eso, porque el menor se ve en una sala enorme, ante un tribunal, con un juez, fiscal, letrados… con sus respectivas togas negras, toda la atención centrada en él y en las palabras que va a pronunciar…. es decir, si ya de por si personas adultas tienen pánico, ansiedad, miedo de ponerse a declarar en una sala, es imposible imaginarse lo que sucede en la cabeza de un menor, que quizás ni siquiera comprende lo que está sucediendo a su alrededor y lo que le están preguntando.

De ahí que, es necesario que exista un protocolo con criterios útiles para poder comprender la situación del menor, adaptarse a ella, crear un clima de confianza para poder entrevistarse con él, donde se vea seguro y protegido para que pueda, o al menos intente, relatarnos lo acontecido. Dicho en otras palabras, hay que ver cada caso en particular porque todos tenemos los mismos derechos pero psicológicamente no todos somos iguales.

En conclusión, la jornada organizada nos ha proporcionado una visión general de la aplicación de ese principio-derecho del interés superior de los menores y a la misma vez esa discordancia en ocasiones entre la teoría y la práctica, ya que no siempre la realidad jurídica se adapta a la realidad social y más aún cuando estamos ante un concepto tan ambiguo como el interés superior del /de la menor que por momento no ha cesado de generar esa incertidumbre a su alrededor.

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