Artículos

ArtículosTodas05/04/2022

Reclamación del impuesto de Plusvalía

El Impuesto Municipal sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) es un impuesto municipal, gestionado por los Ayuntamientos, que grava el incremento de valor que experimenta un terreno urbano durante el tiempo que ha estado en poder de quien lo transmite.

En octubre de 2021, para atajar una creciente de litigiosidad e inseguridad jurídica existente en relación con la aplicación de dicho impuesto, el Tribunal Constitucional lo anuló parcialmente reconociendo que su método de cálculo era contrario al principio de capacidad económica.

En noviembre, ante este vacío legal que impedía exigir el impuesto, el legislador se apresuró a aprobar un nuevo método de cálculo, para determinar la cuantía que debe pagarse por este tributo.

Con la nueva fórmula el contribuyente puede elegir de entre dos métodos de cálculo, el que le resulte más beneficioso: uno “objetivo”, y otro sobre valores declarados o valor “real”.

El primero tiene en cuenta el valor catastral del suelo, un coeficiente que estima el aumento de valor del terreno desde que se adquirió hasta que se transmitió y un tipo impositivo que determina cada Ayuntamiento. El segundo, en cambio, tiene en cuenta la diferencia entre el valor de adquisición de la vivienda y su valor de transmisión. Luego, estima el porcentaje de dicha ganancia que corresponde al terreno y lo multiplica por el tipo impositivo que corresponda según el ayuntamiento.

metodo-de-calculo-para-determinar-la-cuantia

Lo más relevante de esta reforma es que quienes vendan a pérdida o sin ganancia ya no tendrán que pagar la plusvalía.

Ahora bien, el escenario no es tan pacífico como podíamos esperar, por dos motivos:

En primer lugar, porque se ha detectado que las administraciones locales han aplicado la normativa declarada inconstitucional para exigir la deuda por este impuesto tras la declaración de inconstitucionalidad del mes de octubre (Sentencia de fecha 26 de octubre de 2021 del Tribunal Constitucional).

Por otro lado, la nueva regulación (Real Decreto-ley 26/2021, de 8 de noviembre, por el que se adapta el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales), puede volver a ser declarada inconstitucional, puesto que dos grupos parlamentarios han presentado recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional que los ha admitido a trámite.

Por tanto, el Tribunal Constitucional aún tendrá que decidir si el Real Decreto-Ley es un instrumento normativo válido para realizar modificaciones en el IIVTNU, que afectan al deber de contribuir, y que se verían afectadas por el principio de reserva de ley -artículos 133.1 de la Constitución-. Y, adicionalmente, si se sigue vulnerando el principio de capacidad económica, pues, aunque la nueva normativa permite calcular la base imponible del impuesto conforme al método denominado “real”, en la práctica no se permite la deducción de gasto o inversión alguna, realizado en el inmueble. Ello puede acabar suponiendo que la base imponible gravada no refleje la capacidad económica realmente obtenida, e incluso la posibilidad de que el impuesto acabe siendo confiscatorio.

Por todo ello, ante esta situación recomendamos revisar las liquidaciones de plusvalía recibidas recientemente, por si hubiera que reclamar por la indebida aplicación de la normativa declarada inconstitucional y, asimismo, ante una posible declaración de inconstitucionalidad del Real Decreto-Ley 26/2021, aconsejamos recurrir todas las liquidaciones del IIVTNU notificadas en aplicación de la nueva normativa, para evitar que las misma ganen firmeza.

Share
Need help?